El Gobierno de Jalisco es quien debe atender y dar respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la atención médica urgente para personas que viven cerca del contaminado río Santiago, asegura el Coordinador de Asesores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, Benjamín Ortiz.
“HASTA DONDE ENTIENDO, ESTÁ DIRIGIDA HACIA EL GOBIERNO DE JALISCO Y EN ESE SENTIDO NOSOTROS ESTAMOS ATENTOS PARA LA COORDINACIÓN QUE NOS INDIQUE EL SEÑOR SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE DE JALISCO (SERGIO GRAF), PARA APOYARLOS EN LO QUE TENGAN ELLOS QUÉ EMITIR COMO RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES, MÁS QUE JUSTAS, POR PARTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL ACUERDO QUE TUVIMOS EN CASA JALISCO HACE UNOS DÍAS ES QUE SEMARNAT ENTRA PARTICULARMENTE EN TRABAJAR LA COORDINACIÓN CON LA GOBERNANZA CON EL SECTOR SOCIAL, APOYANDO ESTA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE JALISCO.”
Luego de “pasarle la bolita” al Gobierno Estatal, el funcionario federal asegura que darán su asesoría para responder en tiempo al organismo internacional, después de que el Estado Mexicano tuviera que pedir una prórroga para atender las medidas cautelares hasta el 24 de marzo.La CIDH aprobó el pasado 5 de febrero otorgar medidas cautelares a favor de pobladores de El Salto, Juanacatlán y la ribera de Poncitlán, así como a comunidades ubicadas a cinco kilómetros del río Santiago, para que reciban un diagnóstico científico y atención médica urgente ante enfermedades y muertes ocasionadas por tóxicos que corren por el cauce, y el organismo advirtió que la estrategia de las autoridades es insuficiente para resolver el problema, pues sólo contemplan plantas de tratamiento de aguas domésticas, quedando pendiente la atención de las descargas industriales que arrojan sustancias dañinas como metales pesados.