Desde el 4 de febrero del presente año, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento , así como el Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, recibieron la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), de parte de numerosas organizaciones ciudadanas, con cerca de 200 mil firmas de ciudadanos respaldados por su respectiva credencial para votar del INE. De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos tienen la facultad de presentar iniciativas, con un mínimo de 0.03 % del listado de lectores, lo cual fue superado ampliamente.
Una vez recibida esta iniciativa, la Cámara de Diputados debió enviarla de inmediato al INE, para verificar la veracidad de las firmas, y contestar dentro de los treinta días hábiles. Supuestamente por problemas administrativos, la iniciativa se envió hasta el ¡26 de febrero!, algo que resulta inexplicable por decir lo menos.
El mismo 4 de febrero se marchó hacia el Senado para entregar una copia de la misma iniciativa y poder avanzar en su análisis, esperando la recepción formal de la Cámara de Diputados.
Ha habido manifestaciones de apoyo expresas de senadores y diputados, en sendas conferencias de prensa, a esta iniciativa para revisarla y aprobarla en el presente periodo legislativo. Sin embargo, se están moviendo las fuerzas privilegiadas opositoras para que permanezcan las condiciones actuales que las ha beneficiado desde 1992, cuando se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN), a la par de las reformas Constitucionales y las leyes Forestal, Minera y de Reforma Agraria, entre las más importantes.
La LAN ha sido un instrumento privatizador del agua, con una autoridad prácticamente autoritaria, para su ejecución. Durante el tiempo que ha estado vigente la LAN, se han otorgado miles de concesiones y asignaciones de aguas superficiales y subterráneas, muchas de las cuales han sido verdaderas imposiciones, contra pueblos originarios, al despojarlos de sus derechos al agua y orillarlos a vivir de milagro.
Se han otorgado concesiones de millones de litros de agua a las empresas y grandes corporaciones embotelladoras, cerveceras, mineras, agropecuarias, industriales e inmobiliarias, entre otras. Se han construido presas hidroeléctricas, de riego y para surtir a complejos comerciales, por lo que se han inundado pueblos, tierras de riego, centros culturales y religiosos, avasallando los derechos de los pueblos a su vida, costumbres y tradiciones. ¡TODO EN NOMBRE DEL PROGRESO!
Actualmente están en debate público y protestas de los pueblos contra las concesiones que se otorgaron de manera arbitraria a las cerveceras Constellation Brands en Mexicali, Baja California (hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dictado recomendación en contra) y Modelo en Apam, Hidalgo; las embotelladoras de refrescos y agua, como la Bonafont en Texcoco, para sólo mencionar unos ejemplos actuales.
Si bien los argumentos y justificaciones que se han hecho para esos mega proyectos han sido en nombre de la necesidad de contar con infraestructura para el desarrollo del país, tienen cierta razón que pudiera entenderse. Pero como todas las mega obras, normalmente son avasalladoras de los derechos humanos de los pueblos y sin recibir los beneficios finales de las mismas, siguiendo en la marginación y pobreza, impactando los recursos naturales de las cuencas.
La LAN ha sido uno de los instrumentos más efectivos para privatizar el agua, con el disfraz de concesiones y asignaciones, con el criterio y decisión final de la “autoridad única” del agua, es decir la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aun cuando hay “participación” de los Consejos de Cuenca, que son los propios beneficiados.
Fuente: Contralínea
La ICLGA, ha llevado un proceso de participación de cerca de 200 organizaciones, académicos, expertos, científicos y personas interesadas en su formulación. Es una iniciativa que considera la gama de usos del agua, con una visión diferente y sobre todo atendiendo lo que las reformas al artículo 4 constitucional, señalan para otorgar el DERECHO HUMANO AL AGUA, habiéndose instruido en uno de los artículos transitorios la creación de una Ley General de Aguas, lo cual no se ha podido o querido hacer por los grandes intereses que quieren mantener los beneficios y canonjías de los dueños de las grandes concesiones y asignaciones.
La oposición a la discusión de la ICLGA, se da dentro de la propia Comisión de Recursos Hidráulicos, que ha realizado 35 foros a nivel nacional, escuchando a todos los sectores e intereses, así como los empresarios, por conducto de sus organismos y la propia CONAGUA, porque no quieren perder sus intereses.
En esa lucha legal se han presentado diversas iniciativas para una nueva ley y reformas parciales a la ley vigente, pero con un espíritu opuesto a la ICLGA, que les permitiría seguir privatizando el agua, a costa de las comunidades, centros urbanos y pueblos.
En las estribaciones del Monte Tláloc, en Texcoco, donde están enclavados pueblos originarios y nacen importantes manantiales, paradójicamente muchos de esos pueblos tienen limitaciones de uso doméstico del agua y tienen que estar con tandas para recibir el agua una o dos veces por semana, mientras Bonafont y otras embotelladoras, así como los mega desarrollos inmobiliarios, extraen millones de metros cúbicos de agua. Por cierto grupos inmobiliarios están al acecho de obtener ampliaciones o nuevas concesiones de agua para desarrollar nuevas viviendas masivamente, no sólo en Texcoco, sino en prácticamente todo el oriente de la Cuenca de México, después de su fracasado proyecto de aeropuerto en el lago de Texcoco.
La ICLGA, tiene una amplia cobertura de diversos temas que atañen a la nueva visión, que marca el artículo 4 de la Constitución, que prevalece el derecho humano al agua y a la vida de todos los seres.
Estructura de la ICLGA
La ICLGA contiene la Exposición de motivos, nueve títulos, 43 capítulos, 34 secciones, 271 artículos y 19 artículos transitorios.
Exposición de motivos es la justificación sobre el mandato del artículo 4 de la constitución para formular la Ley General de Aguas y que no se ha promulgado. Se mencionan los antecedentes, datos principales sobre la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, situaciones de arbitrariedades, información social, administrativa y plantea el panorama general que ha persistido desde las reformas hechas a la Constitución y diversas leyes desde 1992.
La ICLGA busca como objeto “establecer las bases para la participación ciudadana, de los pueblos y de los gobiernos para el manejo de las aguas y de las cuencas de una manera que permita cumplir con el derecho humano y de los pueblos indígenas al agua de sus territorios y a los derechos asociados con ella, garantizando a la vez nuestra soberanía”.
En esta parte de la Exposición de Motivos se destacan aspectos relevantes de la ICLGA que se desarrollan en el cuerpo de la iniciativa:
Derechos de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios, Instancias democratizadas de toma de decisiones; Democratización de los servicios de riego; Instrumentos de política; Aguas subterráneas, Aguas residuales, Aguas geotermales, Manejo de recarga de acuíferos, Aguas desalinizadas, Aguas transfronterizas; Zonas federales; Derechos, asignaciones y concesiones a aguas nacionales, Regulación de las concesiones grandes, ordinarias y especiales por uso; Regulación del agua de uso agrícola, Regulación del agua para embotelladoras, Control de la contaminación por usuarios industriales; la regulación del uso de aguas nacionales en actividades extractivas, Regulación de aguas nacionales para la generación eléctrica; las extinciones, las revocaciones y las restricciones; la prevención y eliminación progresiva de la contaminación, Aguas residuales industriales en sistemas municipales; la economía; del derecho humano al agua; Medios de aplicación y cumplimiento de esta ley; Acceso a la información; La Contraloría Social del Agua y La Defensoría del Agua.
Estos elementos que se describen se reflejan en el desarrollo de la iniciativa, que además de expedir el Decreto de la Ley General de Aguas, se abroga la Ley de Aguas Nacionales.
Esta iniciativa ciudadana cumple con el porcentaje mínimo de firmas ciudadanas, que están siendo verificadas por el INE, con casi un mes de retraso de su envío por parte de la Cámara de Diputados, por lo que está en riesgo de no entrar en el presente periodo de sesiones y se siga alargando el tiempo, que ya se acumula en años.
Ahora lo que resta es que se haga una revisión y análisis de esta iniciativa y que sirva de cuerpo principal para que los aspectos que tienen otras iniciativas presentadas complementen y no cambien el espíritu de la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas Nacionales.
(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy Universidad Autónoma de Chapingo); Maestro en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.